UN MODELO DE ESTADO PARA ESPAÑA
Pelayo Arnedo, Enrique Collada, Javier García y Carlos Salazar - 28 de mayo, 2020
España es un país extraordinariamente diverso en muchos ámbitos: desde el político, al cultural, al climático, etc. Esta riqueza deriva en una ciudadanía más compleja en su convivencia, puesto que, a mayor diversidad, mayor respeto hacia el diferente se requiere de los integrantes de esa comunidad. Por consiguiente, encontrar el modelo territorial o de Estado que convenza a todos será también una difícil tarea. Y eso vamos a tratar de hacer en este artículo: encontrar un zapato que encaje a cualquier pie (o a la gran mayoría).
Es innegable que, en gran medida, la diversidad de la que disfruta el país en la actualidad es también fruto de la posición geográfica del mismo. La península ibérica, principal extensión de terreno donde se localiza España, ocupa un lugar privilegiado al ser no solo la frontera occidental de Europa y África, sino también la del mar mediterráneo y el océano atlántico, proporcionando además acceso y control a la nación sobre el estrecho de Gibraltar. Por otro lado, es importante recordar que España no se limita a la ya mentada península, sino que también posee territorios en África, como bien pueden ser Ceuta y Melilla, además de las islas Canarias, localizadas también cerca de las costas africanas, o las islas Baleares en el mediterráneo. Esta disposición geográfica hace que en España se disfruten varios climas. Desde el mediterráneo al oceánico pasando por el subtropical y algunos otros, lo que, evidentemente, influye en las culturas, actividades económicas y modos de vida de los diferentes territorios que componen el país.
Cabe también destacar que, por supuesto, no solo el clima influye en la gran diversidad de la que goza España en la actualidad. Siglos de historia e influencias de otras muchas culturas han moldeado y moldean las maneras, usos y costumbres de la población, haciendo de este país una realidad demasiado compleja como para resumirla en la breve introducción de un mero artículo.
Desde la aprobación y posterior entrada en vigor de la Constitución Española (CE) en el año 1978 el modelo de Estado no se ha mantenido exento de debate. La norma suprema del ordenamiento jurídico español establece en su artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, creándose de esta forma el Estado autonómico.
El Estado de las Autonomías es un modelo de corte federal, pues a la vez que nos constituimos como un solo pueblo soberano del cual emanan los poderes del Estado, también se aproximaría al federalismo en el sentido de que las Comunidades Autónomas gozan de capacidad legislativa, siempre en el ámbito de sus competencias. España no es por tanto ni un Estado unitario en el que un gobierno central toma las decisiones que deben aplicarse en cualquier parte del territorio, ni una confederación de Estados, de “pueblos” independientes entre sí, que llegan a un acuerdo en forma de tratado, que pueden dejar de suscribir cuando su Estado lo estime oportuno. En España, toda la ciudadanía escogió democráticamente una Constitución como ley de leyes que establece un marco de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos del territorio.
Sin embargo, el debate sobre el modelo de Estado no se extingue con la entrada en vigor de la Constitución, de hecho, prosigue. Y prosigue porque tampoco podemos decir que naciese junto con la CE, sino que lo hizo siglos antes. Por suerte o por desgracia, este debate, desde sus inicios en un pasado remoto, siempre fue ligado en nuestro país a una esfera político-sentimental o identitaria que lo ha alejado muchas veces del que debería ser su principal ámbito de polémica, es decir, la gestión de los recursos públicos, tema que cobra especial trascendencia en España, país en el que los recursos son muy diferentes dependiendo de la región en la que nos encontremos. Eso sí, tampoco podemos lanzarnos a la construcción de un sistema territorial teniendo en cuenta únicamente criterios de gestión, sin tener en cuenta ese factor sentimental o de pertenencia antes mencionado, pues en los territorios, al fin y al cabo, vivimos personas y no sería realista crear un sistema que no tuviese en cuenta las características reales de nuestra sociedad plural, también en cuanto a prioridades y demandas.
Así pues, para empezar, lo primero que debemos preguntarnos es qué queremos conseguir con nuestro modelo de Estado. Esa es la cuestión. En primer lugar, un Estado (descentralizado o no) debe garantizar una serie de derechos a sus ciudadanos en cualquier sitio de su territorio. Es decir, uno de los valores debe ser la igualdad y garantía de derechos de sus ciudadanos, todos ellos recogidos en la Constitución aprobada por todos.
En segundo lugar, el Estado debe ser eficaz, es decir, debe afrontar y resolver los retos que se le presenten a la ciudadanía. Para eso, inevitablemente, tiene que adaptarse a las realidades geográficas y territoriales y, por tanto, entra en juego la descentralización, que es sin duda el mejor mecanismo adaptativo a lo regional o lo local. Esto lo entienden todas las empresas, que tienen filiales en los distintos países para adaptarse a las distintas realidades y no por ello dejan de ser la misma empresa, ni sus trabajadores pierden el sentido de pertenencia a una multinacional. Pero entonces, ¿con qué criterio dividimos el territorio? Realmente, sería poco práctico abordar esta pregunta hoy en España, es decir, tiene poco valor práctico replantearse el territorio que abarcan nuestras autonomías y cuántas deberían ser. De modo que no daremos más vuelta a este asunto y asumiremos que las Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos, ya cumplen con este objetivo, para nuestro punto de vista indispensable para la gestión eficaz adaptativa, que es la descentralización.
Ahora bien, no sería sensato que esta organización puramente administrativa fuera tan rígida que no permitiese la coordinación entre CCAA o plantear programas que abarquen a varias. Pongamos por caso el problema de la despoblación del mundo rural. Este no es un reto que se vaya adaptando a las demarcaciones territoriales marcadas por la Constitución. Una de las zonas territoriales más afectadas es la “serranía celtibérica”, que comprende parte de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Teruel y Soria entre otras, pertenecientes a distintas CCAA. ¿No sería lógico poder abordar un plan conjunto para una zona con las mismas condiciones y problemáticas?
En cualquier caso, la descentralización, no debería entrar en contradicción con el principio de igualdad de derechos que hemos declarado deseable. La autonomía de los territorios empieza a partir de la garantía de los derechos constitucionales, que pueden, por supuesto, ser modificados por la misma ciudadanía que los aprobó cuando consideren oportunos.
En tercer lugar, el Estado debe ser eficiente en la gestión de los recursos públicos, recursos de todos los ciudadanos. Al margen de todas las posibles medidas de racionalización del gasto político o de la gestión responsable que deban hacer nuestros políticos, sería importante que, en lo que compete al modelo territorial, se evitasen las duplicaciones de entidades u organismos con la misma función. Es especialmente acuciante en el caso de las diputaciones y municipios. En España tenemos 8131 municipios de los que el 47% tienen menos de 500 habitantes, por lo que muchas veces la contratación de servicios básicos tiene que venir de un grupo de municipios (mancomunidades) o de la diputación provincial para que sean rentables. Esto implica replantearnos la necesidad de contar con tantos municipios cuando el suministro de servicios locales tiene que ser junto a otros y, si se produce esa reducción, la necesidad de diputaciones provinciales como órganos de gestión —como lo son ahora—, o transformarlas en espacios de trabajo para la comunicación intraprovincial de los alcaldes. En un estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?, llama la atención el gasto de las Diputaciones Provinciales en su propia estructura, es decir, en labores de mantenimiento y gasto de personal, que supone un 37,4 % del presupuesto, la mayor partida, frente al 10,2 % en servicios básicos, por ejemplo. ¿No sería interesante estudiar la eliminación de este nivel administrativo e invertir ese dinero en estructura a esos municipios que tanto lo necesitan?
Este tercer pilar de la eficiencia, como se puede percibir, puede entrar en contradicción con el de eficacia, pues es evidente que la descentralización será más cara, en tanto que conlleva más parlamentos, administraciones y demás organismos. Así que debemos asumir una solución de compromiso entre ambas.
Por último, los valores de la libertad y la diversidad. Es importante que los ciudadanos de cada territorio tengan libertad de actuación y legislación sobre este. Esta diversidad puede derivar en que algunas ideas que se apliquen en un territorio determinado resulten exitosas y luego decidan aplicarse en otros, por ejemplo. La diversidad es siempre más compleja de gestionar, pero sin duda produce más ideas y modelos. Además, permite que los ciudadanos sientan que sus instituciones de adaptan a sus necesidades y preocupaciones más concretas de una determinada región. Podríamos decir que este último aspecto de la libertad legislativa y la adaptación a las preocupaciones territoriales cumpliría con las expectativas de aquellos que en su identidad sientan su región como territorio que debe tener margen para tomar sus propias decisiones. Apostar por un modelo centralizado sin cierto autogobierno, provocaría en las regiones con movimientos nacionalistas un sentimiento de no pertenencia al Estado (por concretar con un ejemplo: si los representantes del Estado en Cataluña hubieran venido determinados por “Madrid”, (siempre PP/PSOE), quizá este sentimiento nacionalista, al verse frustrado por no poder nunca lograr si quiera cierta representación gubernamental, lejos de desaparecer, se vería impulsado aún más. Apostar por un modelo centralizado sin cierto autogobierno provocaría que las peculiaridades regionales se pudiesen ver reprimidas y, dado el modelo ya existente con su autonomía, generaría un sentimiento de rechazo al Estado en las facciones más nacionalistas y regionalistas del país. Un Estado federal facilita el pluralismo y la diversidad imprescindibles en una democracia liberal como la española, sin tener que prescindir de la igualdad de derechos y libertades entre todos los españoles. Asimismo, consideramos que un modelo descentralizado requiere imprescindiblemente de un diálogo continuo entre CC. AA. y gobierno central. Es preciso, por tanto, dotar al Senado de más competencias, por ejemplo, diseñando una cámara que controle aquellas competencias compartidas entre el Estado y las autonomías. Al ser el Senado una cámara territorial con una función clara, además, el Congreso podría ser más proporcional al conjunto de los españoles, pues todas las demandas de cada territorio estarían efectivamente representadas en esta cámara y la actividad en el Congreso atendería a las necesidades del interés general de toda la ciudadanía española frente a las exigencias territoriales que a veces desvirtúan la actividad de la cámara nacional.
Por otro lado, es importante fijar algunos aspectos que no deberían dejarse relegados en las competencias cedidas a las CCAA. Puede ser el caso, según algunos expertos, por ejemplo, en materia sanitaria, de los calendarios de vacunación distintos en cada CCAA, que no son un indicador de mayor respeto a la identidad regional, sino más bien una consecuencia de los errores que también lleva la descentralización en según que materias. Veamos este caso con detenimiento. En primer lugar, con las diferencias en las vacunas cubiertas en cada CA, se vulnera el principio de igualdad en el momento en que un niño empadronado en Ávila tiene derecho a vacunarse de una enfermedad y otro en Madrid no. ¿Qué servicios deben ser básicos y garantizados a todos los ciudadanos de España? En segundo lugar, en el caso de que fueran las mismas vacunas, pero en distintos años, que no es el caso común, ¿no debería prevalecer un único calendario óptimo en base a la evidencia científica? Además, se da la situación de familias que cambian de comunidad: ¿deben mantener el calendario empezado en su comunidad o cambiarlo a la mitad por el nuevo? Además de todo esto, mas que por qué es contraproducente el modelo actual, habría que preguntarse en qué es beneficioso. El hecho de que haya 17 calendarios diferentes ¿qué tiene de positivo? Es difícil encontrar un solo aspecto que lo sostenga.
Hay otros ejemplos interesantes. Podríamos considerar el caso de la prueba de acceso a la universidad. Mientras la nota es válida para acceder a cualquier universidad en el mismo territorio, la prueba es distinta para los alumnos de las diferentes CCAA, lo que no parece razonable, pues supone una evidente desigualdad de condiciones. Por tanto, siempre debe imperar el sentido común a la hora de abordar cualquier asunto público, pues no hay sistema que contemple todas las casuísticas.
En conclusión, el modelo de Estado debe conjugar los valores políticos de la igualdad, la libertad y la diversidad (cultural, identitaria, etc.) y las garantías de gestión eficiente y eficaz. No consideramos pertinente adaptar el modelo a identidades excluyentes, ya sea por cuestión de etnia, religión o cultura, como pueden ser aquellos nacionalismos, como el español o los regionales, ya que nuestro modelo recoge la libertad, la igualdad y la diversidad como garantía de una sociedad abierta y plural. Imponer alguna identidad nacional, cultural o religión desde el propio sistema administrativo o territorial, es decir, desde el propio Estado, va contra esos tres valores y, por tanto, en contra de este modelo de Estado que busca que todos quepan en él.
Es innegable que, en gran medida, la diversidad de la que disfruta el país en la actualidad es también fruto de la posición geográfica del mismo. La península ibérica, principal extensión de terreno donde se localiza España, ocupa un lugar privilegiado al ser no solo la frontera occidental de Europa y África, sino también la del mar mediterráneo y el océano atlántico, proporcionando además acceso y control a la nación sobre el estrecho de Gibraltar. Por otro lado, es importante recordar que España no se limita a la ya mentada península, sino que también posee territorios en África, como bien pueden ser Ceuta y Melilla, además de las islas Canarias, localizadas también cerca de las costas africanas, o las islas Baleares en el mediterráneo. Esta disposición geográfica hace que en España se disfruten varios climas. Desde el mediterráneo al oceánico pasando por el subtropical y algunos otros, lo que, evidentemente, influye en las culturas, actividades económicas y modos de vida de los diferentes territorios que componen el país.
Cabe también destacar que, por supuesto, no solo el clima influye en la gran diversidad de la que goza España en la actualidad. Siglos de historia e influencias de otras muchas culturas han moldeado y moldean las maneras, usos y costumbres de la población, haciendo de este país una realidad demasiado compleja como para resumirla en la breve introducción de un mero artículo.
Desde la aprobación y posterior entrada en vigor de la Constitución Española (CE) en el año 1978 el modelo de Estado no se ha mantenido exento de debate. La norma suprema del ordenamiento jurídico español establece en su artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”, creándose de esta forma el Estado autonómico.
El Estado de las Autonomías es un modelo de corte federal, pues a la vez que nos constituimos como un solo pueblo soberano del cual emanan los poderes del Estado, también se aproximaría al federalismo en el sentido de que las Comunidades Autónomas gozan de capacidad legislativa, siempre en el ámbito de sus competencias. España no es por tanto ni un Estado unitario en el que un gobierno central toma las decisiones que deben aplicarse en cualquier parte del territorio, ni una confederación de Estados, de “pueblos” independientes entre sí, que llegan a un acuerdo en forma de tratado, que pueden dejar de suscribir cuando su Estado lo estime oportuno. En España, toda la ciudadanía escogió democráticamente una Constitución como ley de leyes que establece un marco de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos del territorio.
Sin embargo, el debate sobre el modelo de Estado no se extingue con la entrada en vigor de la Constitución, de hecho, prosigue. Y prosigue porque tampoco podemos decir que naciese junto con la CE, sino que lo hizo siglos antes. Por suerte o por desgracia, este debate, desde sus inicios en un pasado remoto, siempre fue ligado en nuestro país a una esfera político-sentimental o identitaria que lo ha alejado muchas veces del que debería ser su principal ámbito de polémica, es decir, la gestión de los recursos públicos, tema que cobra especial trascendencia en España, país en el que los recursos son muy diferentes dependiendo de la región en la que nos encontremos. Eso sí, tampoco podemos lanzarnos a la construcción de un sistema territorial teniendo en cuenta únicamente criterios de gestión, sin tener en cuenta ese factor sentimental o de pertenencia antes mencionado, pues en los territorios, al fin y al cabo, vivimos personas y no sería realista crear un sistema que no tuviese en cuenta las características reales de nuestra sociedad plural, también en cuanto a prioridades y demandas.
Así pues, para empezar, lo primero que debemos preguntarnos es qué queremos conseguir con nuestro modelo de Estado. Esa es la cuestión. En primer lugar, un Estado (descentralizado o no) debe garantizar una serie de derechos a sus ciudadanos en cualquier sitio de su territorio. Es decir, uno de los valores debe ser la igualdad y garantía de derechos de sus ciudadanos, todos ellos recogidos en la Constitución aprobada por todos.
En segundo lugar, el Estado debe ser eficaz, es decir, debe afrontar y resolver los retos que se le presenten a la ciudadanía. Para eso, inevitablemente, tiene que adaptarse a las realidades geográficas y territoriales y, por tanto, entra en juego la descentralización, que es sin duda el mejor mecanismo adaptativo a lo regional o lo local. Esto lo entienden todas las empresas, que tienen filiales en los distintos países para adaptarse a las distintas realidades y no por ello dejan de ser la misma empresa, ni sus trabajadores pierden el sentido de pertenencia a una multinacional. Pero entonces, ¿con qué criterio dividimos el territorio? Realmente, sería poco práctico abordar esta pregunta hoy en España, es decir, tiene poco valor práctico replantearse el territorio que abarcan nuestras autonomías y cuántas deberían ser. De modo que no daremos más vuelta a este asunto y asumiremos que las Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos, ya cumplen con este objetivo, para nuestro punto de vista indispensable para la gestión eficaz adaptativa, que es la descentralización.
Ahora bien, no sería sensato que esta organización puramente administrativa fuera tan rígida que no permitiese la coordinación entre CCAA o plantear programas que abarquen a varias. Pongamos por caso el problema de la despoblación del mundo rural. Este no es un reto que se vaya adaptando a las demarcaciones territoriales marcadas por la Constitución. Una de las zonas territoriales más afectadas es la “serranía celtibérica”, que comprende parte de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Teruel y Soria entre otras, pertenecientes a distintas CCAA. ¿No sería lógico poder abordar un plan conjunto para una zona con las mismas condiciones y problemáticas?
En cualquier caso, la descentralización, no debería entrar en contradicción con el principio de igualdad de derechos que hemos declarado deseable. La autonomía de los territorios empieza a partir de la garantía de los derechos constitucionales, que pueden, por supuesto, ser modificados por la misma ciudadanía que los aprobó cuando consideren oportunos.
En tercer lugar, el Estado debe ser eficiente en la gestión de los recursos públicos, recursos de todos los ciudadanos. Al margen de todas las posibles medidas de racionalización del gasto político o de la gestión responsable que deban hacer nuestros políticos, sería importante que, en lo que compete al modelo territorial, se evitasen las duplicaciones de entidades u organismos con la misma función. Es especialmente acuciante en el caso de las diputaciones y municipios. En España tenemos 8131 municipios de los que el 47% tienen menos de 500 habitantes, por lo que muchas veces la contratación de servicios básicos tiene que venir de un grupo de municipios (mancomunidades) o de la diputación provincial para que sean rentables. Esto implica replantearnos la necesidad de contar con tantos municipios cuando el suministro de servicios locales tiene que ser junto a otros y, si se produce esa reducción, la necesidad de diputaciones provinciales como órganos de gestión —como lo son ahora—, o transformarlas en espacios de trabajo para la comunicación intraprovincial de los alcaldes. En un estudio de la Fundación ¿Hay Derecho?, llama la atención el gasto de las Diputaciones Provinciales en su propia estructura, es decir, en labores de mantenimiento y gasto de personal, que supone un 37,4 % del presupuesto, la mayor partida, frente al 10,2 % en servicios básicos, por ejemplo. ¿No sería interesante estudiar la eliminación de este nivel administrativo e invertir ese dinero en estructura a esos municipios que tanto lo necesitan?
Este tercer pilar de la eficiencia, como se puede percibir, puede entrar en contradicción con el de eficacia, pues es evidente que la descentralización será más cara, en tanto que conlleva más parlamentos, administraciones y demás organismos. Así que debemos asumir una solución de compromiso entre ambas.
Por último, los valores de la libertad y la diversidad. Es importante que los ciudadanos de cada territorio tengan libertad de actuación y legislación sobre este. Esta diversidad puede derivar en que algunas ideas que se apliquen en un territorio determinado resulten exitosas y luego decidan aplicarse en otros, por ejemplo. La diversidad es siempre más compleja de gestionar, pero sin duda produce más ideas y modelos. Además, permite que los ciudadanos sientan que sus instituciones de adaptan a sus necesidades y preocupaciones más concretas de una determinada región. Podríamos decir que este último aspecto de la libertad legislativa y la adaptación a las preocupaciones territoriales cumpliría con las expectativas de aquellos que en su identidad sientan su región como territorio que debe tener margen para tomar sus propias decisiones. Apostar por un modelo centralizado sin cierto autogobierno, provocaría en las regiones con movimientos nacionalistas un sentimiento de no pertenencia al Estado (por concretar con un ejemplo: si los representantes del Estado en Cataluña hubieran venido determinados por “Madrid”, (siempre PP/PSOE), quizá este sentimiento nacionalista, al verse frustrado por no poder nunca lograr si quiera cierta representación gubernamental, lejos de desaparecer, se vería impulsado aún más. Apostar por un modelo centralizado sin cierto autogobierno provocaría que las peculiaridades regionales se pudiesen ver reprimidas y, dado el modelo ya existente con su autonomía, generaría un sentimiento de rechazo al Estado en las facciones más nacionalistas y regionalistas del país. Un Estado federal facilita el pluralismo y la diversidad imprescindibles en una democracia liberal como la española, sin tener que prescindir de la igualdad de derechos y libertades entre todos los españoles. Asimismo, consideramos que un modelo descentralizado requiere imprescindiblemente de un diálogo continuo entre CC. AA. y gobierno central. Es preciso, por tanto, dotar al Senado de más competencias, por ejemplo, diseñando una cámara que controle aquellas competencias compartidas entre el Estado y las autonomías. Al ser el Senado una cámara territorial con una función clara, además, el Congreso podría ser más proporcional al conjunto de los españoles, pues todas las demandas de cada territorio estarían efectivamente representadas en esta cámara y la actividad en el Congreso atendería a las necesidades del interés general de toda la ciudadanía española frente a las exigencias territoriales que a veces desvirtúan la actividad de la cámara nacional.
Por otro lado, es importante fijar algunos aspectos que no deberían dejarse relegados en las competencias cedidas a las CCAA. Puede ser el caso, según algunos expertos, por ejemplo, en materia sanitaria, de los calendarios de vacunación distintos en cada CCAA, que no son un indicador de mayor respeto a la identidad regional, sino más bien una consecuencia de los errores que también lleva la descentralización en según que materias. Veamos este caso con detenimiento. En primer lugar, con las diferencias en las vacunas cubiertas en cada CA, se vulnera el principio de igualdad en el momento en que un niño empadronado en Ávila tiene derecho a vacunarse de una enfermedad y otro en Madrid no. ¿Qué servicios deben ser básicos y garantizados a todos los ciudadanos de España? En segundo lugar, en el caso de que fueran las mismas vacunas, pero en distintos años, que no es el caso común, ¿no debería prevalecer un único calendario óptimo en base a la evidencia científica? Además, se da la situación de familias que cambian de comunidad: ¿deben mantener el calendario empezado en su comunidad o cambiarlo a la mitad por el nuevo? Además de todo esto, mas que por qué es contraproducente el modelo actual, habría que preguntarse en qué es beneficioso. El hecho de que haya 17 calendarios diferentes ¿qué tiene de positivo? Es difícil encontrar un solo aspecto que lo sostenga.
Hay otros ejemplos interesantes. Podríamos considerar el caso de la prueba de acceso a la universidad. Mientras la nota es válida para acceder a cualquier universidad en el mismo territorio, la prueba es distinta para los alumnos de las diferentes CCAA, lo que no parece razonable, pues supone una evidente desigualdad de condiciones. Por tanto, siempre debe imperar el sentido común a la hora de abordar cualquier asunto público, pues no hay sistema que contemple todas las casuísticas.
En conclusión, el modelo de Estado debe conjugar los valores políticos de la igualdad, la libertad y la diversidad (cultural, identitaria, etc.) y las garantías de gestión eficiente y eficaz. No consideramos pertinente adaptar el modelo a identidades excluyentes, ya sea por cuestión de etnia, religión o cultura, como pueden ser aquellos nacionalismos, como el español o los regionales, ya que nuestro modelo recoge la libertad, la igualdad y la diversidad como garantía de una sociedad abierta y plural. Imponer alguna identidad nacional, cultural o religión desde el propio sistema administrativo o territorial, es decir, desde el propio Estado, va contra esos tres valores y, por tanto, en contra de este modelo de Estado que busca que todos quepan en él.
